Los fondos, procedentes de los Next Generation, van dirigidos a iniciativas de mejora y modernización de los servicios municipales

El Consejo de Gobierno ha acordado, a instancias de la Consejería de Integración Social, Juventud, Familias e Igualdad, destinar 24,5 millones de euros a las entidades locales para la ejecución de proyectos sociales con cargo a los fondos europeos Next
Generation, procedentes del Mecanismo de recuperación y resiliencia. Estas ayudas se dirigen a la mejora de la accesibilidad, a dar pasos hacia la transformación tecnológica y a la realización de proyectos piloto e innovación en los servicios sociales y comunitarios prestados por los ayuntamientos.
El Ejecutivo andaluz ha autorizado, del mismo modo, la realización del pago de las diferentes subvenciones en dos anualidades (2022 y 2023), abonando el 100% del crédito disponible en cada una de ellas, con una justificación única al final del periodo de ejecución. La Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía establece que en las subvenciones, cuya justificación se efectúe con posterioridad al cobro de la misma, no podrá abonarse a la persona o entidad beneficiaria un importe superior al 50% de la subvención, sin que se justifiquen previamente los pagos anteriores.
No obstante, la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021, prevé la posibilidad de excepcionar de la limitación anterior, cuando existan razones de interés público, social, económico o humanitario y así lo determine el Consejo de Gobierno, a propuesta del órgano
concedente.
Precisamente, en la documentación presentada por la Consejería de Integración Social, Juventud, Familias e Igualdad se remarcan tanto las especiales características de los colectivos a los que van dirigidas las actuaciones, como el hecho de que los proyectos vayan a ser ejecutados en parte por las entidades locales, para realizar el pago del 100% del crédito disponible en cada anualidad de las ayudas en el momento de la concesión, con el objeto de impedir que estas iniciativas se conviertan en una carga imposible de sobrellevar para las arcas públicas de muchos ayuntamientos y, de esta manera, conseguir que las actuaciones, por valor de 24,5 millones, tengan un mayor impacto social.
Las diferentes líneas de subvenciones contemplan, como ya se ha indicado, destinar fondos a la realización de proyectos que impulsen la transformación tecnológica de los servicios sociales; al desarrollo de proyectos piloto y de innovación en este ámbito, así como a realizar actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad universal en Andalucía.

Acuerdo con el Gobierno central
El 29 de octubre de 2021 se firmó el convenio de colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo de recuperación y resiliencia, cuya cláusula sexta establece el compromiso de participación de las entidades locales en al menos un 15% de los fondos asignados al convenio. Uno de los elementos estratégicos es el refuerzo de las políticas de cuidados y, en general, de los servicios sociales, promoviendo su modernización.
Las tres líneas de inversión en las que participará Andalucía tienen el objetivo de alcanzar la transformación del modelo de apoyos y cuidados de larga duración, a través del impulso de un proceso de desinstitucionalización y de la promoción del desarrollo de servicios comunitarios; facilitar que las personas con dependencia puedan seguir desarrollando su vida en su domicilio, y aumentar los equipamientos compatibles con el modelo de atención centrada en la persona para quienes precisen atención fuera de él.
Otro de los retos es la innovación en materia de servicios sociales, con el uso de nuevas tecnologías al servicio de la simplificación de la gestión y el aumento de la calidad de la atención; la mejora de los sistemas de información; la dotación de herramientas que favorezcan la identificación de necesidades de atención y las mejores respuestas; la actualización de los profesionales, y la cohesión de servicios en el territorio. Asimismo, se incluye la mejora de los servicios de protección de la infancia y adolescencia, rompiendo los ciclos de desventaja social, y la promoción de la accesibilidad universal en todos los ámbitos donde existan barreras que impidan la participación plena de todas las personas en condiciones de igualdad