Antonio Jiménez, presidente de la Asociación de Minusválidos AMBAR, en una nota remitida a este medio de comunicación da a conocer “el malestar de este colectivo ante la negativa de la alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, para tratar las peticiones que se le han hecho llegar”
Según la nota “el pasado mes de noviembre nuestra Asociación le hacía llegar al equipo de gobierno a través de la mesa de Diversidad Funcional una carta donde les informábamos de un presunto caso de violencia contra una persona con discapacidad, trabajador de una empresa concesionaria de la limpieza viaria”.
En este comunicado se explicaba que “en esa carta se detallaba paso por paso todo lo que está sucediendo con el presunto delito. Al final de la carta se les pedía que investigasen que está ocurriendo, pues entendemos que el Ayuntamiento debe vigilar que las empresas contratadas con el dinero municipal no atenten presuntamente contra las personas de nuestro colectivo”, además apunta que “cabe señalar, además, que hablamos de un caso donde el servicio de la Junta de Andalucía -SAVA- está atendiendo al trabajador discapacitado”.
AMBAR indica que “en la carta se le pedía que esto se investigara y requirieran a la empresa la razón de no hacer nada con respecto a la ley de Prevención de Riesgos Laborales, o al protocolo contra la violencia en la empresa”.
En relación a la respuesta por parte de la alcaldesa en la nota se dice que “la respuesta de la alcaldesa a la mesa fue que esto es un asunto judicializado y se vería si la empresa está haciendo algo”
Desde AMBAR entienden que “no es una respuesta adecuada, ya que la acción de la Justicia no es rápida y mientras tanto pueden ocurrir más desgracias como las que a día de hoy ya han ocurrido, volvemos a señalar la indefensión del perjudicado ante la desidia del gobierno municipal”.
Por último se hace constar que “los partidos de la oposición PSOE e IU si se están interesando por este asunto y fueron dichos grupos los que en la Mesa de la Diversidad Funcional pidieron que se investigue este caso de presunta violencia hacia un discapacitado que por su condición está protegido por las leyes”.