Daniel García Ibarrola
El delegado de la Junta en Córdoba, Daniel García-Ibarrola, asegura que el proyecto cuenta con el visto bueno de la Delegación de Industria y que continúa su tramitación autonómica, mientras el Ayuntamiento de Baena llevará este miércoles a sus órganos de gobierno la denegación de la actuación extraordinaria en suelo rústico solicitada para instalar la planta en los parajes de Amarguilla y La Pililla.
La tramitación de la planta de producción de biometano proyectada en los parajes de Amarguilla y La Pililla, en Baena, continúa generando posiciones enfrentadas entre la Administración autonómica y el Ayuntamiento. Mientras la Junta de Andalucía defiende que el expediente debe seguir su curso conforme a la normativa, el Consistorio baenense se dispone a aprobar formalmente la denegación de la actuación urbanística necesaria para la instalación.
El delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba, Daniel García-Ibarrola, ha defendido la tramitación del proyecto y ha señalado que la iniciativa cuenta con el visto bueno de la Delegación de Industria. García-Ibarrola ha considerado además que este tipo de proyectos son fundamentales ante la situación de carencia energética que, a su juicio, atraviesa la provincia de Córdoba, y ha lamentado que se genere «demagogia» en torno a las iniciativas vinculadas a las energías renovables.
El representante autonómico ha explicado que la Junta continúa trabajando en la elaboración de los distintos informes técnicos y sectoriales necesarios antes de adoptar una decisión definitiva sobre la autorización ambiental. Entre ellos se encuentran los relacionados con la biodiversidad y la gestión del medio natural.
Un informe territorial favorable
En las últimas semanas, la Junta remitió al municipio un informe de incidencia territorial favorable, en el que se determina que la ubicación planteada para la instalación cumple con la normativa urbanística regional, incluida la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).
Este informe, no obstante, constituye únicamente uno de los trámites del procedimiento y no sustituye a la Autorización Ambiental Integrada ni a las autorizaciones o licencias que correspondan al Ayuntamiento de Baena.
Precisamente en el ámbito municipal es donde el proyecto se encuentra con su principal obstáculo. El Ayuntamiento, gobernado por la alcaldesa María Jesús Serrano, mantiene una oposición frontal a la ubicación de la planta en los parajes de Amarguilla y La Pililla.
García-Ibarrola ha aclarado que la posición contraria del Consistorio no paraliza automáticamente el procedimiento que corresponde tramitar a la Administración autonómica. Según ha señalado, la Junta debe continuar con el expediente siguiendo su curso legal, mientras que el Ayuntamiento mantiene sus competencias en materia urbanística, incluida la posibilidad de denegar las licencias correspondientes o declarar incompatible el uso pretendido.
El Ayuntamiento prepara la denegación
En paralelo, el Ayuntamiento de Baena ha anunciado que dará este miércoles 16 de septiembre un paso decisivo para cerrar el expediente urbanístico municipal relacionado con la planta.
La alcaldesa, María Jesús Serrano, ha convocado una Comisión Informativa de Presidencia y la Junta de Gobierno Local con el objetivo de aprobar formalmente la denegación de la actuación extraordinaria en suelo rústico solicitada por la promotora para poder desarrollar la instalación.
Con esta resolución, el Consistorio pretende poner fin a la incertidumbre generada durante los últimos meses entre los vecinos y colectivos que se han movilizado contra el proyecto.
El equipo de Gobierno recuerda que desde que tuvo conocimiento de las pretensiones de la promotora ha mantenido una posición de vigilancia sobre el expediente y que el Ayuntamiento presentó alegaciones técnicas contra la actuación, reclamando el máximo rigor en materia ambiental.
Amplio respaldo político a la oposición municipal
La postura municipal también quedó reflejada el pasado mes de junio en un Pleno en el que la Corporación aprobó, por amplia mayoría, una moción en defensa de la unidad de acción por el bienestar de los vecinos.
La iniciativa contó con los votos favorables de PSOE, PP e IU, mientras que VOX votó en contra.
En aquella sesión, Serrano insistió en que cualquier decisión relacionada con el proyecto debía adoptarse escuchando a los vecinos y después de agotar todas las vías legales disponibles para defender los intereses del municipio.
Ahora, el expediente urbanístico llega a su fase decisiva. Según explica el Ayuntamiento, los servicios técnicos y jurídicos municipales han supervisado su tramitación y, una vez transcurridos los plazos previstos por la normativa autonómica, el Consistorio considera que dispone de la competencia para dictar una resolución expresa de denegación.
La Comisión Informativa de Presidencia, en la que están representados los distintos grupos políticos municipales, deberá dictaminar la propuesta antes de que esta pase a la Junta de Gobierno Local para su aprobación.
Serrano: «Actuaremos con absoluta responsabilidad»
La alcaldesa ha reivindicado la actuación del Gobierno municipal y ha asegurado que se ha cumplido el compromiso adquirido con los vecinos.
«Dijimos que íbamos a fiscalizar cada trámite, que presentaríamos alegaciones, que estaríamos al lado de nuestros vecinos y que actuaríamos con absoluta responsabilidad para proteger nuestra tierra», ha señalado Serrano.
La regidora considera que la decisión que se adopte este miércoles supone una respuesta administrativa a la preocupación expresada durante meses por parte de la ciudadanía.
«Con la convocatoria de esta Junta de Gobierno y la Comisión Informativa, una vez que se han cumplido los plazos, demostramos con hechos y resoluciones firmes que este Ayuntamiento protege el bienestar vecinal por encima de cualquier otro interés», ha afirmado.
Serrano ha concluido reiterando el compromiso del Consistorio de impedir que en Baena se instale una actividad industrial que, a juicio del Gobierno municipal, pueda comprometer «la convivencia y la salud» de los vecinos.
Así, el proyecto afronta ahora dos recorridos administrativos diferenciados: la Junta de Andalucía mantiene abierta su tramitación autonómica, incluida la evaluación de los informes ambientales pendientes, mientras el Ayuntamiento de Baena se prepara para rechazar formalmente la autorización urbanística municipal solicitada para su implantación
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