La Junta adapta los 11 partidos judiciales cordobeses que desde el 1 de julio serán tribunal de instancia

José Antonio Nieto reclama financiación y más jueces al Gobierno “no se puede plantear una transformación a coste cero”

La Consejería amplía con ocho funcionarios más la plantilla de la provincia, con un coste anual cercano a los 400.000 euros

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública cumplirá los “estrictos plazos” de la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que supondrá “la mayor transformación de la Justicia en décadas” y que arranca el próximo martes 1 de julio con la implantación, a partir del próximo 1 de julio, de la primera fase. Esto supone la conversión de 11 de los 12 partidos judiciales de la provincia de Córdoba en tribunales de instancia. Solo la capital mantendrá su estructura actual hasta el 31 de diciembre, fecha en la que debe estar implantada la Ley al completo con la última y tercera fase que engloba a las capitales y los grandes partidos judiciales.

La reforma, “impulsada por el Ministerio de Justicia, pero sin su respaldo económico”, supondrá un cambio radical en la estructura judicial, ya que se pasará de órganos unipersonales, encabezados por un juez, un letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y un equipo de funcionarios, “a órganos colegiados, con una redistribución de los funcionarios en unidades procesales de tramitación y servicios comunes”, ha explicado el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en rueda de prensa.

Previamente, durante una reunión celebrada esta mañana con operadores jurídicos y representantes de la Junta de Personal en Córdoba, Nieto ha agradecido el esfuerzo del personal judicial y las preocupaciones y aportaciones trasladadas por los profesionales. “Desde la publicación de la ley en enero, la Junta no ha dejado de trabajar para adaptar la Justicia a esta profunda reforma en tiempo récord, a pesar de la falta de financiación estatal”, ha señalado.

En Córdoba, la Consejería de Justicia ha reforzado el personal judicial con ocho funcionarios más, con un impacto presupuestario cercano a los 400.000 euros anuales. Este esfuerzo forma parte de una inversión autonómica global de 57 millones de euros en Andalucía, necesarios para la puesta en marcha de la ley, que ha salido “íntegramente de recursos propios”, ya que la nueva Ley no incluía dotación económica al ser aprobada.