Momento de la votación
El Ayuntamiento de Baena fijó oficialmente su posición institucional frente al proyecto de instalación de una planta de biometano durante el Pleno ordinario correspondiente al mes de junio. Tras un intenso debate y en el que se sucedieron reproches sobre la gestión administrativa, la información facilitada y el momento político en el que se ha actuado, la Corporación aprobó una moción conjunta con los votos favorables del PSOE, Izquierda Unida y Partido Popular, mientras Vox fue el único grupo que votó en contra después de que previamente fuera rechazada su enmienda a la totalidad.
La sesión comenzó con la aprobación unánime de la urgencia de la moción, presentada con la intención, según explicó la alcaldesa María Jesús Serrano, de ofrecer una respuesta unitaria ante la preocupación ciudadana, «ante tanta polémica, ruido, preocupación, que lo entiendo, por parte de los vecinos y vecinas, hemos optado y esta alcaldía ha optado por elaborar esta moción que no sea ni de la alcaldía ni de ningún grupo político, sino que sea de toda la corporación municipal.»
La regidora insistió en que el documento «no tiene ningún tinte partidista, sino la única voluntad de unir las fuerzas políticas de esta corporación, que somos los legítimos representantes de los vecinos y vecinas de este pueblo tras las elecciones municipales del año 2023», con el objetivo de trasladar «un mensaje claro de unidad, de apoyo a sus preocupaciones y de defensa de los intereses de Baena y Albendín».
Vox defiende una alternativa basada en las competencias municipales
Antes del debate de la moción conjunta se discutió la enmienda a la totalidad presentada por Vox, defendida por su portavoz, Eduardo Molleda, quien sostuvo que el texto elaborado por su grupo era «más claro» y centraba el debate en las competencias que realmente corresponden al ayuntamiento, «entendemos que la moción que presentamos en su momento, debe sustituir la presentada por el equipo de gobierno, es más clara, va al centro de lo esencial, que son las competencias municipales.»
Según explicó, la propuesta descansaba sobre tres pilares fundamentales, «transparencia, consulta y seguridad jurídica con el Plan Especial de Regulación de Energías Renovables y hasta tres años de paralización.»
Molleda pidió el respaldo del resto de la Corporación «anteponiendo los intereses de su pueblo a una visión partidista», aunque finalmente la enmienda fue rechazada por la mayoría del Pleno.
Durante su segunda intervención volvió a denunciar la falta de información facilitada por el equipo de gobierno, «hemos intentado solicitar información, nos llega siempre tarde y no tenemos la capacidad de gestionarla. Vuelvo a decir, solicitamos ese informe jurídico, que no se nos ha dado.»
También criticó que el ayuntamiento no iniciara antes la elaboración del Plan Especial, asegurando que ya en octubre de 2024 existían indicios suficientes para actuar, «¿por qué no empezaron a redactar este plan o iniciaron los procesos para redactar este plan por aquel entonces?»
Aunque reconoció que compartía parte del contenido de la moción, especialmente la futura elaboración del Plan Especial y la suspensión de licencias, reprochó que el texto trasladara la responsabilidad a la Junta de Andalucía sin concretar previamente las actuaciones municipales, «lo que nos preocupa es quién decide eso, qué autoridad decide eso. Están exculpándose, lanzando el balón al tejado del órgano que decide eso. ¿Cuál es el órgano que decide eso? La Junta de Andalucía.»
Finalmente anunció que Vox no respaldaría la iniciativa, «no vamos a apoyar esta moción porque entendemos que no es la mejor propuesta para la solución.»
Izquierda Unida defiende la legalidad del procedimiento
La portavoz de Izquierda Unida y delegada de Medio Ambiente, Cristina Vidal, respondió con dureza a las críticas de Vox, defendiendo que el Ayuntamiento está obligado a respetar escrupulosamente la legislación administrativa, «estamos hablando de un proyecto muy, muy complejo.»
Recordó que la autorización ambiental integrada corresponde exclusivamente a la Junta de Andalucía y que el Ayuntamiento únicamente dispone de competencias limitadas en materia ambiental, «este ayuntamiento está haciendo todo lo que tiene que hacer de acuerdo con los pasos que se van dando.»
Entre las actuaciones desarrolladas enumeró la denegación de la autorización para la conducción de gas, la paralización del proyecto de actuación, la redacción del futuro Plan Especial y la presentación de alegaciones, «este Ayuntamiento está dando todos y cada uno de los pasos que debe de dar.»
Vidal reiteró además la posición política de su formación, «Izquierda Unida se opone clara y rotundamente a este tipo de proyectos» y añadió, «apostamos por las energías renovables, pero siempre y cuando haya garantías para la salud de las personas y la salud del medioambiente.»
El Partido Popular apoya la moción, pero critica la gestión
El portavoz del Partido Popular, Javier Vacas, anunció que su grupo votaría favorablemente la moción, aunque mantuvo sus críticas a la actuación del equipo de gobierno, «lo que estamos viviendo hoy en Baena no es casualidad, es la consecuencia directa de una gestión política que ha llegado tarde, que no ha sido transparente y que ha dado la espalda a la ciudadanía.»
Recordó que la solicitud de compatibilidad urbanística era conocida desde 2024 y sostuvo que el ayuntamiento debería haber comenzado entonces la elaboración del Plan Especial, «si se hubiera hecho hace dos años, hoy ya estaría aprobado.»
Pese a discrepar justificó el apoyo del Partido Popular en un ejercicio de «responsabilidad institucional», nuestro grupo va a ejercer un voto responsable y favorable.»
Defendió un modelo energético compatible con la calidad de vida de los vecinos y reclamó mayor información para todos los grupos municipales.
Antes de concluir lanzó una pregunta al gobierno local, «¿qué pasa si vienen los informes técnico y jurídico en los que digan que esta planta no genera molestias significativas ni impactos sanitarios? ¿Qué postura van a tomar ustedes?»
El PSOE reclama una sola voz institucional
El portavoz socialista, José Andrés García Malagón, defendió el espíritu unitario de la iniciativa, «la moción que hoy trae el equipo de gobierno la trae con el espíritu de que sea una moción unitaria, conjunta, con una sola voz.»
Aseguró que los vecinos «merecen que esta corporación esté a la altura» y rechazó que el ayuntamiento conociera el contenido técnico del proyecto antes de su publicación oficial.
También respondió directamente a Vox, «lo suyo es ir metiendo la pata de charco en charco… usted está intentando engañar a la ciudadanía.»
García Malagón recordó que el informe jurídico considera ilegal la moratoria planteada por Vox y defendió que la tramitación se desarrolla conforme a la legalidad, «no vamos a permitir otra industria más, ya tenemos una industria molesta, con esa ya tenemos bastante.»
Al mismo tiempo pidió no olvidar la necesidad de buscar soluciones para los residuos del olivar, «tenemos que estar al lado de los agricultores buscando esas alternativas.»
La alcaldesa defiende la actuación municipal
María Jesús Serrano cerró el debate respondiendo a las acusaciones de falta de transparencia y defendiendo la gestión realizada por el ayuntamiento, «el problema político lo han generado ustedes.»
Negó que el Consistorio hubiera ocultado información y recordó que la compatibilidad urbanística «únicamente informa si el suelo es compatible con un uso de planeamiento vigente» y «no autoriza nada, no concede licencia y no aprueba la planta».
Explicó que el contenido técnico del proyecto fue conocido por el ayuntamiento el mismo día que por el resto de la ciudadanía, cuando fue publicado el expediente ambiental por la Junta de Andalucía, «el proyecto este Ayuntamiento lo conoce a la misma vez que toda la ciudadanía, el 26 de mayo, cuando se publica en el BOJA.»
La alcaldesa anunció además que el ayuntamiento ya trabaja en la elaboración del Plan Especial de Regulación de Energías Renovables, «ya está contratado el Plan Especial para la regulación de la implantación de la energía renovable en el término rústico de Baena.»
Serrano acusó tanto al Partido Popular como a Vox de haber sembrado dudas sobre la actuación municipal y defendió la transparencia del procedimiento, «confunden deliberadamente un informe urbanístico con una autorización.»
Finalmente lanzó un mensaje rotundo sobre la posición del gobierno local. «mientras sea alcaldesa de Baena, ejerceré mis competencias urbanísticas y todas las que me atribuye la legislación vigente para que no haya ninguna industria molesta en Baena y ninguna industria que perjudique a mis vecinos y vecinas y a la salud.»
Siete acuerdos para fijar la posición institucional
La moción aprobada recoge siete acuerdos, entre ellos el rechazo institucional a cualquier planta de biometano o industria que pueda generar molestias, malos olores, impactos sanitarios o poner en riesgo la calidad de vida y el entorno olivarero del municipio.
Asimismo, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de utilizar todos los instrumentos jurídicos disponibles, solicita a la Junta de Andalucía la suspensión cautelar de la tramitación ambiental de estos proyectos hasta que exista una normativa específica que aporte seguridad jurídica, impulsa por la vía de urgencia el Plan Especial de Regulación de Energías Renovables y garantiza a la ciudadanía una información pública «transparente, veraz y rigurosa».
La moción fue finalmente aprobada con los votos favorables del PSOE, Izquierda Unida y Partido Popular, mientras Vox mantuvo su rechazo al considerar que su propuesta inicial respondía mejor a las competencias municipales.
Con este acuerdo, el Pleno de Baena fijó oficialmente una posición institucional de rechazo a cualquier planta de biometano que pueda generar afecciones a la salud, al medio ambiente o a la calidad de vida de los vecinos, escenificando una amplia mayoría política en defensa de los intereses del municipio frente a este proyecto.
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