El Pleno de Baena devuelve por unanimidad la competencia sobre los proyectos en suelo rústico

PSOE, IU, PP y Vox respaldan recuperar para el Pleno una competencia que en 2024 fue delegada en la Junta de Gobierno Local para agilizar la tramitación de actuaciones extraordinarias en suelo rústico

El Pleno del Ayuntamiento de Baena aprobó por unanimidad de PSOE, IU, PP y Vox dejar sin efecto la delegación de competencias que permitía a la Junta de Gobierno Local aprobar los proyectos de actuación extraordinaria en suelo rústico. De este modo, estos expedientes volverán a ser debatidos y resueltos por el Pleno municipal.

La competencia había sido delegada en 2024 con el objetivo de agilizar la tramitación de proyectos vinculados a actividades económicas e industriales en suelo rústico. Sin embargo, el debate sobre su recuperación ha coincidido con la tramitación del proyecto de planta de biometano previsto en los parajes de Amarguilla y La Pililla, lo que convirtió el asunto en uno de los principales puntos de controversia de la sesión.

El PSOE defiende la agilidad y niega falta de transparencia

El portavoz socialista y miembro del equipo de gobierno, José Andrés García Malagón, defendió que la delegación se realizó por razones de eficacia y celeridad y permitió desbloquear proyectos que llevaban tiempo pendientes. Según explicó, durante este periodo se aprobaron diez proyectos de actuación.

García Malagón rechazó las críticas sobre una supuesta falta de transparencia, asegurando que los grupos municipales disponían de la documentación y que los expedientes eran puestos en conocimiento de las comisiones informativas.

El portavoz socialista reconoció que devolver la competencia al Pleno puede ralentizar los procedimientos, pero defendió que la medida responde a una petición reiterada de la oposición y permitirá acabar con cualquier cuestionamiento sobre la transparencia de estas decisiones.

Vox reclama el debate público y anuncia su rechazo a la planta

El portavoz de Vox, Eduardo Molleda, respaldó la propuesta, pero cuestionó que la delegación fuera necesaria para garantizar la agilidad administrativa, teniendo en cuenta el número de proyectos tramitados.

Molleda diferenció entre la información que reciben los concejales y el debate público que se produce cuando un asunto llega al Pleno. Vinculó además la recuperación de la competencia con la controversia surgida en torno a la planta de biometano.

El PP cuestiona el cambio de criterio y condiciona su posición sobre el biometano

El portavoz popular, Juan José Castro, cuestionó el cambio de argumentos del Gobierno municipal, recordando que en 2024 la delegación se justificó por razones de agilidad y celeridad, mientras que ahora se apela a la transparencia y participación.

Castro también subrayó que el informe de incidencia territorial favorable emitido por la Junta de Andalucía, en relación a la planta de biometano, no supone la autorización definitiva de la misma, sino un trámite dentro de un procedimiento que todavía debe completar otros informes.

Respecto a la posición del PP, el portavoz afirmó que su grupo no respaldará una planta que resulte perjudicial para la salud o el medio ambiente. Por tanto, dejó condicionada la decisión definitiva a las características del proyecto y al contenido de los informes ambientales y sectoriales.

La alcaldesa reivindica la transparencia y defiende que Baena ejerza sus competencias

La alcaldesa de Baena intervino al final del debate para defender la decisión del equipo de gobierno de devolver al Pleno la competencia sobre los proyectos de actuación extraordinaria en suelo rústico. María Jesús Serrano insistió en que la delegación de esta facultad en la Junta de Gobierno Local se realizó en su momento por razones de agilidad y celeridad administrativa, y no con la intención de evitar el debate público sobre los expedientes.

Serrano rechazó así las acusaciones de falta de transparencia planteadas durante el debate y aseguró que los grupos municipales habían tenido acceso a la información de los expedientes tramitados durante el periodo en que la competencia estuvo delegada. No obstante, defendió que, ante la reiterada petición de los grupos de la oposición, el Gobierno municipal había decidido devolver la competencia al Pleno, aun siendo consciente de que esta decisión podía implicar una mayor duración de los procedimientos.

La alcaldesa vinculó buena parte de su intervención al expediente de la planta de biometano, aunque quiso diferenciar este proyecto de la decisión administrativa que se estaba votando. Serrano explicó que su posición inicial había estado condicionada por la información que recibió en una primera presentación del proyecto, cuando, según relató, se planteaba como una iniciativa destinada a mejorar la gestión de los residuos del olivar y generar energía.

La regidora afirmó que esa percepción cambió cuando el Ayuntamiento conoció las características del proyecto finalmente presentado ante la Administración autonómica. Según explicó, fue a partir del 26 de mayo de 2026, cuando el Consistorio tuvo conocimiento del proyecto de actividad en los términos en que había sido presentado ante Medio Ambiente, cuando decidió formular alegaciones y defender una posición más crítica.

En este sentido, Serrano aseguró que su obligación como alcaldesa es defender los intereses de Baena y de sus vecinos y que esa defensa debe hacerse, según señaló, desde el cumplimiento de la legalidad y teniendo en cuenta los informes técnicos y ambientales que formen parte del expediente.

La alcaldesa también puso el foco en el papel de la Junta de Andalucía dentro del procedimiento. Cuestionó el tiempo empleado por la Administración autonómica para emitir el informe de incidencia territorial y llamó la atención sobre el hecho de que, según manifestó en el Pleno, dicho informe hubiera llegado después de varios meses de tramitación y coincidiendo con el momento en que el Ayuntamiento estaba abordando la situación del expediente.

Serrano sostuvo que la Junta de Andalucía tiene competencias relevantes en la tramitación y que, por tanto, la responsabilidad sobre el proyecto no puede atribuirse exclusivamente al Ayuntamiento. Recordó que todavía deben intervenir distintos organismos y que existen informes sectoriales que pueden resultar determinantes para la continuación del procedimiento.

En relación con la posición política del Gobierno municipal, la alcaldesa fue tajante al afirmar que Baena ejercerá sus competencias urbanísticas dentro de la legalidad. También rechazó que la devolución de las competencias al Pleno sea consecuencia de un cambio destinado a ocultar o retrasar información. Por el contrario, defendió que se trata de una forma de reforzar la transparencia y de permitir que los proyectos de actuación vuelvan a ser debatidos públicamente por todos los grupos municipales.

Serrano reconoció, eso sí, que esta decisión puede tener consecuencias sobre los plazos de tramitación. Si un expediente queda preparado en un momento en el que no está prevista una sesión plenaria ordinaria, será necesario esperar a la siguiente sesión o convocar un Pleno extraordinario. A pesar de ello, sostuvo que el Ayuntamiento no renunciará a utilizar los mecanismos legales disponibles para evitar que una inversión o una actividad económica se vea innecesariamente paralizada.

En la parte final de su intervención, la alcaldesa volvió a referirse directamente al proyecto de biometano y aseguró que su posición actual está relacionada con las características concretas de la iniciativa y con las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento. También afirmó que existe preocupación en determinados sectores locales, incluido el sector olivarero, por las dimensiones y características del proyecto.

Serrano defendió, finalmente, que el Ayuntamiento debe disponer de toda la información técnica antes de adoptar una decisión y que el debate definitivo tendrá que producirse cuando el expediente llegue a la fase municipal correspondiente. “Las competencias urbanísticas son nuestras”, vino a señalar la alcaldesa, reivindicando que el Ayuntamiento ejercerá esa responsabilidad dentro del marco legal.

De este modo, la intervención de María Jesús Serrano dejó dos mensajes principales: por un lado, la defensa de que la delegación realizada en 2024 respondió a criterios de eficacia administrativa y no a una intención de ocultar información; y, por otro, la voluntad del actual equipo de gobierno de que los proyectos de actuación extraordinaria vuelvan a ser debatidos y resueltos en el Pleno, especialmente en un momento en el que el proyecto de la planta de biometano ha convertido este tipo de procedimientos en uno de los asuntos de mayor controversia política y social en Baena

Unanimidad en la votación y posiciones diferentes sobre la planta de biometano

Pese a las diferencias expresadas durante el debate, los cuatro grupos municipales coincidieron finalmente en aprobar la devolución de la competencia al Pleno.

La decisión no supone aprobar ni rechazar la planta de biometano. Su principal consecuencia es que, si el expediente alcanza la fase en la que corresponda al Ayuntamiento adoptar una decisión sobre el proyecto de actuación, esta tendrá que ser debatida y votada por el Pleno municipal.

El debate, sin embargo, permitió conocer ya las posiciones de los grupos: Vox anunció su rechazo al proyecto, mientras que el PP condicionó su posición definitiva a los informes ambientales y a las características de la instalación. El equipo de gobierno, por su parte, mantiene que cualquier decisión deberá adoptarse dentro de la legalidad y una vez completado el procedimiento administrativo.

La Junta de Andalucía emitió recientemente un informe favorable de incidencia territorial sobre el proyecto de Amarguilla y La Pililla, pero este pronunciamiento constituye un paso más dentro de la tramitación y no supone por sí solo la autorización definitiva de la planta.

Con la recuperación de la competencia por parte del Pleno, el Ayuntamiento de Baena afronta así una nueva etapa en la tramitación de este tipo de proyectos, en la que las futuras decisiones deberán pasar nuevamente por el debate y la votación de la Corporación municipal.