Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Miguel Cruz,  presidente en Córdoba Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de Andalucía (AVAELA), ha manifestado que hay muchas micropymes donde la Inspección de Trabajo llega con dificultad y que “solo donde hay una presencia sindical más estable se tienen más en cuenta las medidas preventivas de una legislación española, puntera en ese sentido, pero que no se desarrolla en su espíritu”.
Y criticó la lentitud de esa Inspección “lo que hace muy difícil hacer valer ese tipo de medidas”, aconsejando como necesaria la formación del trabajador en prevención de accidentes o enfermedades.
Ha añadido que hay una “desatención en los servicios públicos ahora mismo, un páramo”, además de la necesidad de concienciación sobre esas personas, remarcando la incidencia de los accidentes vasculares en los últimos años.
Señaló que con las subidas del paro y los Ertes en la pandemia, ha habido más muertes por siniestralidad laboral, 2 diarias en España y una cada seis días en Andalucía. Según Cruz, “cada tres días hay un entierro por fallecimiento en accidente laboral en Andalucía” y considera “que no se presta atención a la prevención”.
Miguel Cruz asegura que poner el dinero empresarial en la prevención “no es un gasto, es una inversión”.
Aporto algunos datos a tener en cuenta:  708 muertes en 2020 (casi dos diarias) demuestran que la prevención en nuestro país no funciona, 111 muertes en Andalucía, con un índice de incidencia de 3,6 (3,27 en España)•    Son muertes olvidadas. Son invisibles.
Por último AVAELA indicamos que persigue un triple objetivo:
•    Ofrecer servicios de asistencia jurídica, psicológica, etc. a las víctimas de la siniestralidad y enfermedad laboral.
•    Servir de interlocutor válido entre el colectivo de las víctimas y las administraciones públicas.
•    Denunciar y concienciar, en el ámbito andaluz, sobre esta sangrante situación.

Miguel Cruz presidente de AVAELA

Muchas personas, incluidos los miembros de AVAELA, pensábamos que los confinamientos domiciliarios y perimetrales, al reducir en gran medida la actividad, también reducirían en buena lógica las muertes en el trabajo. Pero la lógica, al parecer, no se cumple en el mundo laboral.
Así es, pues a pesar del incremento del paro en más de medio millón de trabajadores y con otros 900 mil en ERTE, hemos pasado de 695 muertes en 2019 a las 708 (casi dos diarias) del pasado año y, los últimos datos de los que disponemos en Europa (período 2015-18), indican que España, con un valor de dos muertes por cada cien mil empleados está muy por encima de países como Alemania (0,9), Dinamarca (1,1), Grecia (0,7) o Países Bajos (0,5). Insoportable ¿verdad?
En cuanto a las enfermedades laborales, según el informe anual del Observatorio de
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en el año 2019, 269 empresas
superaron los límites de siniestralidad (25 más que en 2018) y se registraron más de 32 mil enfermedades causadas por el trabajo, un 13,33% más que el año anterior, siendo las de mayor incidencia (más del 80%), las causadas por agentes físicos (posturas forzadas, movimientos repetitivos…). Por cierto, las mujeres las sufren en torno a un 3% más que los hombres.
Es de sobra conocido que 45 mujeres fallecieron el año pasado como resultado de la
violencia machista. Lo sabemos, porque esta violencia se ha convertido (y ha sido un gran logro) en un problema social y político del conjunto de la ciudadanía. Sin embargo, ¿sabemos cuántas mujeres murieron en el trabajo? Pues fueron 52. ¿Por qué este dato no es de dominio público?
La respuesta no es complicada. La siniestralidad laboral aún no se considera un problema social y político. Es un problema oculto que solo parece concernir al accidentado y a su familia. Por eso es importante el 28 de abril, no para celebrar, pero sí es un día para honrar la memoria de los trabajadores enfermos, heridos o fallecidos por causa del trabajo, para la prevención de enfermedades y accidentes laborales, para la sensibilización y promoción del trabajo seguro, saludable y decente y, como no, para recordar a todos los agentes sociales su responsabilidad: a los gobiernos, su tarea de legislación, inspección y control; a los empleadores su deber de asegurar que el entorno laboral sea saludable y seguro; a los trabajadores el deber de protegerse a sí mismos y a sus compañeros de trabajo; a los medios de comunicación, dar visibilidad a la siniestralidad laboral, , informando y aportando
sensibilidad sobre las causas que la provocan; a los sindicatos su labor de seguimiento, denuncia y asesoramiento y a la ciudadanía, conciencia, exigencia y movilización.
Cumpla cada cual su función. Solo así podremos pasar a considerar la salud y la seguridad en el trabajo como un derecho fundamental y básico, en lugar de considerarlo como un problema, como ocurre en la actualidad.