La consejera de Desarrollo Educativo y FP informa en el Parlamento de las alegaciones presentadas al Ministerio al modelo de prueba de acceso a la Universidad
La Junta de Andalucía apuesta por implantar una prueba única de acceso a la Universidad en todas las Comunidades Autónomas para garantizar la igualdad de oportunidades y que permita llevar a cabo un proceso de homologación real para todo el territorio nacional. Así lo ha asegurado la consejera de Desarrollo Educativo y FP, Patricia del Pozo, en el Parlamento donde ha informado de las alegaciones que el Gobierno andaluz ha presentado a la propuesta de nuevo modelo de EVAU del Ministerio de Educación y FP.
Durante su intervención, la consejera ha incidido en que lo que se le ha solicitado al Ministerio es que el alumnado español sea evaluado “con rigor y justicia” con independencia del territorio en el que viva, en vez de que haya 17 pruebas distintas con sus correspondientes criterios de corrección.
Así, Patricia del Pozo ha destacado que Andalucía, con un trabajo conjunto de las consejerías de Desarrollo Educativo y FP y de Universidades, Investigación e Innovación, se vio en la obligación de realizar alegaciones ante “una ocurrencia unilateral del Gobierno Central” y que no ha sido debatida con la comunidad educativa y, “mucho menos, con las administraciones educativas”.
En este sentido, la titular de Educación y Desarrollo Educativo ha asegurado que la propuesta del Ministerio atenta contra la igualdad de oportunidades del alumnado y contra la vertebración del sistema educativo, cuando además el acceso a la universidad funciona como distrito único.
Por ello, en las alegaciones presentadas se pide el cambio a un modelo que establezca una prueba única cuyos contenidos y criterios de corrección sean fijados por el Gobierno central, previa consulta a las Comunidades Autónomas y a los órganos de representación universitarios, y que respete la opcionalidad para el alumnado en relación a las materias cursadas. También se solicita abrir un proceso de negociación así como un calendario de implantación consensuado en el seno de la Conferencia Sectorial, con un periodo de carencia que no perjudique al alumnado.
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