Servicio de limpieza de Baena
La Asociación de Minusválidos Baenenses Reunidos (AMBAR), tras las graves irregularidades detectadas por la Inspección de Trabajo en la ejecución del servicio de limpieza viaria, exige al Ayuntamiento de Baena que asuma su responsabilidad legal y ejerza sus potestades de control y sanción.
Legitimación y funciones de control
En la última reunión de la Mesa Local de Diversidad Funcional, AMBAR, en ejercicio de las facultades que le otorga el Reglamento de la Mesa Local, denunció formalmente que el servicio no se está ejecutando conforme al pliego. Según el artículo 1 de dicho Reglamento, la Mesa tiene encomendado el seguimiento del empleo del colectivo, y el artículo 6.1 e) otorga a las asociaciones el derecho a:
«Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas».
Hechos objetivos: sanciones de la Inspección de Trabajo
La denuncia de AMBAR se fundamenta en actos administrativos firmes: la imposición de dos sanciones por parte de la Inspección de Trabajo y un requerimiento por inobservancia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales contra la empresa prestataria. Estos hechos suponen un incumplimiento directo del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), que en su apartado A.3 establece:
«El adjudicatario será responsable, durante toda la vigencia del contrato, de cumplir con la normativa existente en cada momento en materia de prevención de riesgos laborales».
La quiebra del «objeto social» del contrato
AMBAR recuerda al equipo de gobierno que, en la contratación pública moderna, el objeto del contrato no es solo el resultado material (limpieza de calles), sino también el cumplimiento de las cláusulas sociales. El pliego es taxativo al definir que:
«La ejecución del contrato debe suponer la realización de procesos de inserción sociolaboral a través del empleo, la formación y el acompañamiento de colectivos con especiales dificultades de inserción laboral y/o social, fomentando la creación de empleo estable en estos colectivos».
Si la empresa vulnera los derechos básicos de seguridad y salud de los trabajadores, el fin de «inserción social» se vuelve imposible. Un contrato que busca proteger a personas con discapacidad no puede considerarse cumplido si la empresa prestataria es sancionada precisamente por no garantizar su seguridad laboral.
El Ayuntamiento no puede eludir su responsabilidad
Resulta inaceptable el argumento de que estas sanciones son «cosa exclusiva de la empresa». El Ayuntamiento, como administración contratante, tiene el deber ineludible de fiscalizar el cumplimiento de las cláusulas sociales y laborales. Según el marco normativo de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, los órganos de contratación deben tomar las medidas pertinentes para garantizar que los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia social o laboral.
Además, el propio cuadro de infracciones del pliego (página 18) califica como falta grave:
«Falta de los elementos de seguridad necesarios para la prestación de cada servicio».
Dada la existencia de dos sanciones y un requerimiento, AMBAR advierte que podríamos estar ante una falta muy grave por la reiteración o reincidencia en faltas graves, lo que podría dar lugar incluso a la rescisión del contrato.
Exigencias de AMBAR
Ante la inacción del concejal de Asuntos Sociales, quien se comprometió en la Mesa de Diversidad a trasladar estas quejas a la Comisión de Seguimiento sin que, hasta la fecha, se haya abordado el asunto, AMBAR exige:
- Convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento para analizar las actas de la Inspección de Trabajo.
- Activación inmediata del régimen de penalizaciones previsto en el pliego ante las faltas que afectan a la seguridad de los trabajadores.
AMBAR no permitirá que las cláusulas sociales sean un mero adorno estético para ganar concursos. Exigimos que el dinero público de los baenenses se gestione con transparencia y respeto a la dignidad laboral de nuestro colectivo.
Fdo.: Antonio Jiménez Sánchez
Presidente de la Asociación de Minusválidos Baenenses Reunidos (AMBAR)
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