AEMO celebra su Asamblea Nacional en Lopera con la apuesta por el Oleoturismo como eje central

La Asociación Española de Municipios del Olivo ha celebrado este jueves, 26 de junio, su Asamblea General Ordinaria en la histórica Casa de la Tercia de Lopera (Jaén), con una nutrida representación de socios institucionales

En el transcurso de la jornada se abordaron los principales retos del olivar y se aprobaron dos acuerdos de gran calado para el presente y futuro del sector.

Durante la sesión, se presentaron y aprobaron las cuentas anuales de 2024 y el presupuesto provisional de 2025, que superará los 320.000 euros de facturación, así como un completo informe de actividades desarrolladas por AEMO en el último año. Entre ellas, destacaron la intensa participación en foros nacionales e internacionales del sector oleícola, el impulso del oleoturismo en España como marca país, la dirección técnica de concursos de calidad, o la participación en proyectos estratégicos como el Grupo Operativo del Balance de Carbono en olivar (GO OCB), entre otras acciones.

Dos acuerdos clave para los socios

Uno de los acuerdos institucionales:
1. Resolución en defensa del olivar tradicional y de una ordenación territorial compatible, que alerta sobre el impacto de la implantación masiva de plantas fotovoltaicas en zonas de olivar y reclama una planificación territorial que garantice la convivencia entre energías renovables y agricultura tradicional (se adjunta como anexo).
2. Aportaciones de AEMO a la consulta pública sobre la norma de comercialización del aceite de oliva 2025/2026, en la que se solicita al Ministerio de Agricultura la adopción de medidas preventivas que eviten crisis de precios, como la retirada temporal de aceite o el destino regulado a usos no alimentarios en caso de que sea necesario, y se proponen criterios técnicos claros para su activación.

Refuerzo del oleoturismo y crecimiento de la red de socios

La Asamblea sirvió también para hacer balance del proyecto ‘Oleoturismo en España’, cofinanciado por los fondos Next Generation y desarrollado junto a nueve diputaciones provinciales. Este programa ha permitido crear la marca país, articular experiencias oleoturísticas en más de 300 empresas, lanzar la plataforma digital y establecer un sistema de gobernanza nacional. La asociación se ha comprometido a coordinar el proyecto en los próximos años, con la participación activa de sus diputaciones, cuyas provincias serán los destinos oleoturísticos de la red.
Además, se aprobó la incorporación de ocho nuevos ayuntamientos a AEMO, entre ellos Villanueva de Córdoba, Beas de Segura, Villacarrillo o el propio municipio de Lopera, lo que eleva el número de socios a 159, consolidando a AEMO como la principal red territorial del sector olivarero español.

Una Asamblea de compromiso y visión de futuro

La jornada concluyó con un mensaje claro: AEMO seguirá siendo un actor activo, exigente y proactivo en la defensa del olivar, apostando por un modelo de desarrollo rural basado en la sostenibilidad, la calidad y la cultura del aceite de oliva con el oleoturismo como eje a potenciar. Las resoluciones aprobadas en Lopera marcan una hoja de ruta para los próximos meses en materia de regulación, territorio y valorización del sector.
Resolución “En defensa del olivar tradicional y de una ordenación territorial compatible”
Aprobada por la Asamblea Nacional de AEMO, celebrada en Lopera el 26 de junio de 2025 En España, más de 250.000 familias dependen del cultivo del olivar tradicional para su sustento. El sector del olivar tradicional genera una cantidad significativa de empleo y jornales, representando un pilar fundamental para la economía y la fijación de la población a nuestros municipios, evitando su despoblamiento. Hoy se enfrenta a desafíos importantes como el cambio climático y la necesidad de mejorar la eficiencia y sostenibilidad.
A estos desafíos se une la creciente y desordenada proliferación de plantas fotovoltaicas en zonas de olivar tradicional que genera un conflicto entre la producción de energía renovable y la preservación del paisaje, la biodiversidad y la economía local basada en el olivar. Si bien la energía solar es crucial para la transición energética, es necesario encontrar un equilibrio que minimice el impacto en el olivar. Una solución potencial es la agrivoltaica, que produce energía renovable sin sacrificar la producción agrícola y además puede generar beneficios adicionales como la protección de los cultivos frente a condiciones climáticas extremas.

En este contexto urgen soluciones globales.

Sirva de ejemplo de lo que no se debe hacer, la candidatura del «Paisaje del Olivar» a Patrimonio Mundial de la UNESCO, ya retirada, que destacó la importancia de preservar este paisaje cultural, resultado del esfuerzo de generaciones de agricultores. La declaración de Paisaje Cultural buscaba proteger las características únicas del paisaje del olivar, incluyendo su biodiversidad, sistemas de cultivo y la relación con las comunidades
locales y resultaba un instrumento fundamental para la protección del olivar tradicional. Debemos ser contundentes en no permitir que la instalación de fuentes de energía renovables se haga de cualquier manera y en cualquier zona. Por ello, una de las soluciones es la ordenación territorial. Se está dando la paradoja de que proyectos que buscan el desarrollo de la economía verde, la apuesta por la sostenibilidad y una transición ecológica justa, terminan teniendo un impacto negativo en el territorio. Y esto se debe generalmente a una localización inadecuada de los proyectos en zonas en las provocan una incompatibilidad con los usos y/o valores existentes como los paisajísticos, los agrícolas y ganaderos, los forestales o los naturales.
Mientras la legislación sectorial que regula las energías renovables se ha desarrollado suficientemente, creando un marco normativo adecuado, poco o nada se ha hecho desde la política territorial, de la ordenación del territorio y del urbanismo, a la hora de identificar las áreas territoriales en los que resulte más conveniente la ubicación de estas instalaciones e infraestructuras, o aquellas que deben preservarse de este tipo de
proyectos.
Ante la ausencia de criterios, las empresas promotoras de proyectos de renovables están ubicando las instalaciones en aquellas zonas que más próximas se encuentran de los puntos de evacuación y conexión con las redes de distribución preexistentes, para minimizar costes y elevar la rentabilidad de las plantas de generación energética.
Las comunidades autónomas, tal y como recoge el artículo 148.1.3. de la CE, tienen las competencias en materia de “ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”
Un nuevo modelo de implantación de las energías renovables es necesario pero, para ello, hay que sustituir la actual dinámica de ubicaciones de grandes plantas de producción de energía renovable y sus infraestructuras asociadas, basada en criterios de proximidad a los puntos de evacuación y transporte, por otra multicriterio en la que se analicen los usos del suelo y los valores económicos, sociales, ambientales y culturales del territorio y en función de éstos se zonifique y se identifiquen áreas de oportunidad asegurando la compatibilidad y sostenibilidad de los mismos.
La generación de energía renovable debe ser un componente más del desarrollo rural, una fuente más de rentas e ingresos para las comunidades rurales donde se desarrollen estos proyectos. Hay que primar la participación de las comunidades rurales en los beneficios de la generación de estas energías. Para ello hay que desarrollar un marco normativo y de relaciones entre los distintos agentes que participan en estos proyectos: empresas
promotoras, administraciones (estatal, autonómica y local) y comunidades rurales.
Apostamos por las energías renovables e instamos al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a que, para su autorización, los nuevos proyectos deben incluir medidas compensatorias para las zonas rurales en las que se instalen.
Reclamamos que las comunidades autónomas delimiten las áreas de oportunidad o zonas en la que deben localizarse de manera preferente las plantas de producción de energía renovable y sus infraestructuras de transporte, conexión y almacenamiento y que identifiquen zonas que por contar con especiales valores o características deben preservarse de la instalación de proyectos de energía renovable.