El plazo de presentación de las solicitudes por parte de las empresas interesadas será de dos meses.
La Delegación Territorial Industria, Energía y Minas en Córdoba ha publicado el concurso para el otorgamiento de permisos de investigación de recursos mineros en su provincia, que afecta a 65 derechos mineros caducados en terrenos de 18 términos municipales de la provincia, en los que incluyen recursos minerales metálicos, minerales industriales, piedra natural y rocas ornamentales. Algunos de ellos son considerados estratégicos o críticos por la Unión Europea como es el caso del cobre, wolframio, barita, bismuto o feldespato, entre otros.En concreto, se localizan en Espiel, Villanueva del Duque, Fuente Obejuna, Cardeña, Villaviciosa de Córdoba, Hinojosa del Duque, Adamuz, Torrecampo, Alcaracejos, Conquista, Villanueva de Córdoba, Luque, Priego de Córdoba, Lucena, Dos Torres, Santa Eufemia, Almodóvar del Río y Adamuz, según ha informado el delegado de Industria, Energía y Minas, Agustín López.El plazo de presentación de las solicitudes será de dos meses a partir del viernes, 29 de diciembre. En la solicitud se hará constar la razón social o el nombre y apellidos de la persona concursante, así como su vecindad y domicilio y denominación y número de registro del derecho minero que alberga los terrenos declarados francos a los que se concursa, o números de registro de los derechos mineros, si son varios, siempre que sean colindantes o bien abarquen una extensión determinada y concreta,En la Delegación Territorial se encuentran a disposición de las personas interesadas los datos relativos a la situación geográfica de las superficies sometidas a concurso, pudiéndose consultar también en la página web del Portal Andaluz de la Minería.Como principal novedad en relación con los concursos publicados en el pasado, la presentación de las ofertas se articulará exclusivamente mediante tramitación electrónica a través del Sistema de Relaciones Electrónicas en materia de Contratación (SiREC), un sistema que permitirá maximizar las garantías de transparencia e imparcialidad en el desarrollo del proceso, así como garantizar la confidencialidad y trazabilidad de la documentación presentada por las entidades concursantes.
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