Cerca de cuatro horas de duración en un pleno, con mucho debate y temas que marcarán el futuro de próximas sesiones plenarias, el que ha tenido lugar en el ayuntamiento de Baena, correspondiente al mes de agosto, aunque se ha celebrado el 1 de septiembre.
En esta sesión, independientemente de la aprobación de las actas de la sesión anterior y correspondencia, se aprobó, con los votos a favor de PP, Cs e IU y en contra del PSOE e Iporba, la revisión de oficio de un convenio de 2013, firmado entre el Ayuntamiento y la empresa Agroenergética de Baena.
Además, quedó aprobado un nuevo reconocimiento extrajudicial de obligaciones, por valor de unos 204.602 euros con los votos a favor de PP y Cs, la abstención de IU y Partido Socialista y, en contra, Iporba.
Por otra parte, se presentaron dos mociones, que fueron aprobadas; una, por parte del grupo socialista, relativa a promover estrategias y políticas encaminadas hacia una regeneración urbana integrada del municipio de Baena; y una segunda, por parte del grupo de ciudadanos, sobre piscinas públicas, de las cuales ya hemos detallado en este mismo medio de comunicación su contenido.
La sesión plenaria concluía con el habitual turno de ruegos y preguntas donde la concejala de Izquierda Unida, Vanesa Aguilera, aportó la documentación con la que trataba de demostrar que su presencia en los dos plenos de noviembre de 2020, llevados a cabo con motivo de la moción de censura, era lícita. En este sentido, Aguilera dijo que “no se respetaron mis derechos ya que no me encontraba en la base de datos de personas confinadas a primera hora del día.”
Además, la concejala de Izquierda Unida acusó a la alcaldesa, Cristina Piernagorda y al concejal de Iporba, Luis Moreno de ridiculizarla, públicamente, en redes sociales donde “hablaban sobre mis pruebas médicas.”
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